Los proyectos cofinanciados demuestran la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas de las inversiones de impacto

Disponible en inglés y francés

Los mecanismos independientes de rendición de cuentas ayudan a los inversionistas a saber si las inversiones efectivamente han alcanzado los objetivos previstos, proporcionando a las personas impactadas por las inversiones un foro para compartir sus solicitudes con los responsables de la toma de decisiones en materia de inversiones. Es sorprendente, entonces, que pocos inversionistas de impacto, que tienen el objetivo de producir efectos sociales y ambientales positivos a través de sus inversiones, hayan adoptado tales herramientas. Sin embargo, dado que los inversionistas de impacto a veces cofinancian proyectos con instituciones financieras de desarrollo (IFD) que tienen mecanismos independientes de rendición de cuentas, existen estudios de casos que demuestran por qué estas oficinas benefician a los inversionistas. Si bien Accountability Counsel ha visto esta lección a través de su trabajo con las comunidades, como en Liberia, México y Myanmar, me propuse buscar si existen otros casos en que los inversionistas de impacto, sin sus propias oficinas de rendición de cuentas, conocen los efectos negativos de sus inversiones gracias a las oficinas de rendición de cuentas de las IFD utilizadas por las comunidades locales.

Para responder a esta pregunta, utilicé Accountability Console, una base de datos que contiene las denuncias hechas a las oficinas de rendición de cuentas que alegan daños sociales y ambientales causados por proyectos de desarrollo financiados internacionalmente. Dado que los documentos del caso pueden consultarse, filtré ciertos proyectos que buscaban un impacto positivo -por ejemplo, energía limpia o seguridad alimentaria- y luego los comparé con las conclusiones de impacto real verificadas independientemente. Los resultados confirmaron nuestra propuesta de que las oficinas de rendición de cuentas ayudan a los inversionistas de impacto a comprender mejor el impacto neto cuando escuchan a las comunidades más afectadas por sus inversiones. A continuación los estudios de caso de tres de ellas[1]:

La energía limpia causa daños no intencionados

El primer caso se refiere al Proyecto de Expansión de Electricidad en Kenya (denominado “KenGen”), planteado como parte de la estrategia de Kenya para aumentar el uso de energía limpia y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a la electricidad en todo el país. Este proyecto contó con varias instituciones de financiamiento, entre ellas el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Mundial y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, todos los cuales tienen mecanismos independientes de rendición de cuentas, y el Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Kfw) de Alemania, que no lo tiene.

El proyecto desarrolló una central geotérmica en la Gran Zona de Olkaria, a unos 120 kilómetros al noroeste de Nairobi, que requería el reasentamiento de una comunidad Masai. La comunidad Maasai alegó que fallos en las consultas y un plan de reasentamiento inadecuado habían tenido consecuencias negativas, entre ellas el empobrecimiento, problemas de vivienda y de vida comunitaria, desalojos, la cuestión de la idoneidad del nuevo sitio de reasentamiento y amenaza de represalias. En 2014, las comunidades presentaron denuncias ante el Panel de Inspección del Banco Mundial y el Mecanismo de Reclamaciones (CM) del BEI, que firmaron un memorando para trabajar conjuntamente en la resolución de esta solicitud. Después de que el Panel de Inspección determinó que no se habían cumplido con las políticas del Banco Mundial en materia de pueblos indígenas y reasentamiento involuntario, se llevó a cabo un proceso de mediación, dirigido por el Compliance Mechanism del BEI y apoyado por el Servicio de Atención de Reclamos del Banco Mundial. Además, el plan de acción creado por la dirección del Banco incluyó la restitución de los medios de subsistencia, la transferencia de los títulos de propiedad de las tierras, carreteras de acceso, la construcción de viviendas para las personas adicionales afectadas por el proyecto, becas y el suministro de agua. Aunque hubo algunos problemas con los procesos de los mecanismos independientes, las medidas positivas del plan de acción no habrían sido posibles sin un mecanismo de rendición de cuentas que arrojara luz sobre las consecuencias imprevistas del proyecto.

El segundo caso es en Costa Rica, que fijó el objetivo de que el 100% de su electricidad procediera de energía renovable. Para lograr este objetivo, varios inversionistas -incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (un intermediario del BEI), y cuatro bancos con sede en Costa Rica (Banco Nacional, Bancrédito así como el Banco de Costa Rica, y el Banco Popular, siendo estos dos últimos bancos miembros del Pacto Global de las Naciones Unidas ) invirtieron en el Proyecto Reventazón. Este es el mayor proyecto hidroeléctrico de América Central con 305,5MW de capacidad instalada y ha sido reconocido por su compromiso con la sostenibilidad, incluso recibió un Premio Planeta Azul de la IHA.

Sin embargo, las comunidades locales estaban preocupadas por el impacto de esta inversión: 1) los procesos de adquisición de tierras subvaloraban el precio de los terrenos de ciertos propietarios; 2) el acceso a las fuentes de agua se vería amenazado; y 3) el proyecto se cruza con un corredor biológico reservado para las especies en peligro de extinción, incluyendo el jaguar, y alegaban fallos en los planes para reconstruirlo. Las comunidades plantearon estas inquietudes a través de las oficinas de rendición de cuentas del BID (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación – MICI), la CFI (Compliance Advisor/Ombudsman CAO) y el BEI (Mecanismo de Reclamación – CM).  El MICI propuso una investigación de la primera reclamación relativa a los impactos ambientales que no fue aprobada por la Junta, pero una segunda solicitud de los propietarios de tierras afectadas fue abordada por un proceso de resolución de conflictos. En 2019, la CAO encontró incumplimiento del Banco con sus políticas de adquisición de tierras y el reasentamiento involuntario, y está monitoreando este caso con respecto a propietarios de tierras no vulnerables. En cuanto al impacto sobre la biodiversidad, el CM no llegó a conclusiones definitivas y recomendó que se hiciera un seguimiento de los progresos del proyecto. En resumen, este caso demuestra que incluso un proyecto que fomenta la sostenibilidad puede tener repercusiones sociales y ambientales negativas que deben abordarse.

New Forests Company: Plantaciones y desalojos

A diferencia de los proyectos de infraestructura hidroeléctrica, podría ser más difícil ver por qué también se necesita una oficina de rendición de cuentas para los inversionistas dedicados a la agricultura y/o a la seguridad alimentaria. Sin embargo, los casos de los mecanismos de rendición de cuentas revelan que los proyectos agrícolas pueden tener efectos sociales y ambientales devastadores. Agri-Vie Agribusiness Fund es un fondo de capital privado para inversiones en empresas de negocios agrícolas en África meridional y oriental, financiado por la CFI en 2011. En su portafolio, Agri-Vie invirtió en New Forests Company (NFC), una empresa forestal con sede en el Reino Unido que cultiva plantaciones de madera en África oriental. Desde 2005, NFC explota tres plantaciones de pino y eucalipto en los distritos de Mubende, Kiboga y Bugiri en Uganda.

Según un informe de Oxfam de 2011, entre 2005 y 2010, alrededor de veinte mil personas fueron desalojadas para dar paso a las plantaciones de NFC sin consulta previa, compensación o una opción de reasentamiento. Parte del problema era la tenencia de la tierra; los títulos consuetudinarios fueron ignorados por la autoridad nacional respectiva, ya que esto podía considerarse como un procedimiento contra ocupaciones ilegales. Con la asesoría de Oxfam y de Alianza para la Tierra de Uganda, las comunidades presentaron reclamos ante la CAO y el CM. La CAO facilitó un proceso de resolución de conflictos con las comunidades y las partes llegaron a un acuerdo en 2013. El acuerdo incluyó un programa conjunto de desarrollo sostenible que beneficia a la comunidad afectada, con opciones de reasentamiento y la creación de una cooperativa comunitaria para los proyectos de la población.

Los inversionistas pueden adoptar un sistema de rendición de cuentas colectivos

Estos estudios de casos confirman lo que desde hace mucho tiempo sabemos: escuchar a las comunidades afectadas por los proyectos de desarollo puede revelar los impactos no deseados de proyectos bien intencionados. Sin un mecanismo de rendición de cuentas, los inversionistas de impacto carecen de información vital para comprender el impacto neto de sus inversiones. Incluso entre los inversionistas privados de impacto que ya se han comprometido a cumplir normas ambientales y sociales estrictas, ninguno tiene mecanismos independientes de rendición de cuentas que puedan escuchar a las comunidades perjudicadas por sus inversiones. Esta vacío amenaza la eficacia de la labor crucial de los inversionistas de impacto.

¿Cómo pueden los inversionistas de impacto conocer la retroalimentación de la comunidad que ha demostrado ser una fuente vital de aprendizaje y de resolución de problemas para las instituciones financieras internacionales? Estos inversionistas pueden adoptar mecanismos de rendición de cuentas que sigan el modelo de las oficinas independientes de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales. Este sistema podría adoptar la forma de una oficina de rendición de cuentas colectiva con un pequeño personal, posiblemente alojado dentro de una red de inversionistas existente, que reciba las solicitudes de la comunidad local y facilite una respuesta fiable. La opción de crear un mecanismo compartido, en lugar de oficinas de rendición de cuentas de cada inversionista, reduciría enormemente los costos individuales y proporcionaría inmensos beneficios.

[1] La información de los casos procede de documentos de público acceso de los respectivos mecanismos de rendición de cuentas.  En Accountability Counsel sabemos que las comunidades afectadas por los proyectos tendrán más información y contexto de lo que se está documentado.  Este artículo tampoco pretende dar una opinión sobre si los documentos disponibles públicamente categorizan la información correctamente.