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En la primera semana de enero de este turbulento año que comienza, las comunidades chinantecas de Paso Canoa y Santa Úrsula, en el estado de Oaxaca, recibieron la visita de un grupo de investigadores estadunidenses, pertenecientes a la Corporación Privada de Inversión en el Exterior (OPIC, por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno de Estados Unidos que proporciona financiamiento internacional. Estaban ahí para investigar actos violatorios de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, según la denuncia que desde el día 30 de noviembre del año pasado representantes de esas comunidades presentaron ante dicha organización.

Natalie Bridgeman Fields is not afraid of the courtroom – through her own law practice, she is co-lead counsel representing the nonprofit Amazon Watch and a group of Peru’s indigenous Achuar residents in a tort case against Occidental Petroleum Corp. She’s also local counsel for the Yale National Litigation Project, representing convicted terrorist Jose Padilla in his constitutional claims against former Bush administration lawyer John Yoo. But Fields has seen her greatest impact outside of court as a leader in using nonjudicial remedies to help communities affected by large-scale development projects.